Auditoria General de la Republica

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Objetivos de la participación

La Auditoría General de la República, como organismo de control de creación constitucional contribuye con esta sección de su página Web al cumplimiento de los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Carta Política, en especial el de “...

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...”, pues sus sugerencias, denuncias, quejas y reclamos, así como todas sus solicitudes de información en el área de nuestra competencia, serán bien recibidas en aras de que nuestro Estado Social de Derecho en realidad responda a una democracia participativa y la ciudadanía se anime a coadyuvar en la vigilancia de la gestión fiscal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La Constitución Política en sus artículos 103 y 270 consagra lo concerniente al principio de la participación democrática que consiste en vigilar la gestión pública en los diversos niveles administrativos, así como los resultados y el de conformar asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales con el objeto de llevar a cabo dicho control y vigilancia.

Por ello dentro de los mecanismos de participación ciudadana y en desarrollo de las normas constitucionales, la Ley 134 de 1994 y 850 de 2003, crearon la figura de las veedurías ciudadanas, que son formas democráticas de representación que permiten a los ciudadanos y a diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre el proceso de gestión pública frente a autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho: “ Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria”.

De otro lado, ha sostenido que el derecho de participación ciudadana emana del mandato democrático y participativo como principio fundamental del Estado en la Constitución y por ende, la relación Estado-Ciudadano, encuentra:

“En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transparencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político a favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación ciudadana, sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de intereses societarios.

Una de las causas generantes de tal marginamiento, es la deficiente información a la que la ciudadanía tiene efectivo acceso y por otro lado, la ausencia de conciencia que se tiene acerca de las posibilidades ofrecidas por nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal de espacios de participación.

La presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como colectiva, precisa de una adecuación funcional que permita el acceso y la conformación no excluyente de centros de decisión a nivel local, que en ultima instancia, también sean capaces de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del Estado-Nación. No basta con desear participar, es indispensable saber cómo hacerlo y sobre todo, organizarse para ello, ya que la sociedad desorganizada en vez de participar lo que hace es obstaculizar.

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado costarricense Rafael González Ballar define como: " un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve."

Participar es hacer el ejercicio legítimo como ciudadanos de nuestro deber de construir nuestro propósito como nación y ejercer el control y la vigilancia de la gestión publica.

El objeto de la participación ciudadana es promover la eficiencia en la gestión pública, orientar la gestión de la administración a la obtención de resultados conforme a las necesidades sociales, establecer esquemas de responsabilidad, de rendición de cuentas, intentando desmontar la cultura de corrupción.

DE LA ATENCIÓN CIUDADANA

A través del Grupo de Atención Ciudadana, que actualmente se encuentra reglamentado mediante la Resolución Orgánica No 001 de 2004 y bajo la dirección del Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, se reciben, tramitan, resuelven o trasladan a la dependencia correspondiente los derechos de petición, denuncias que por cualquier medio formulen los ciudadanos, relacionadas con el área misional y las quejas contra funcionarios de la entidad se remiten a quien ejerza las funciones de Control Interno Disciplinario.

Mediante el Derecho de Petición se resuelven solicitudes de información, expedición de copias de los documentos que reposan en la entidad, examinan documentos excepto los que tengan reserva legal, formulan consultas y atienden las denuncias sobre irregularidades en la gestión de las Contralorías del País y las quejas o reclamos relacionados con la prestación de servicios encomendados a la Auditoría General de la República o de funcionario(s) por indebido ejercicio en el cumplimiento de sus funciones.

La Auditoría General de la República atiende el Derecho de Petición y Quejas por los siguientes medios: -Línea gratuita  No. 018000-120205, -Correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ,  - y Página Web de la entidad.

Para la efectividad de los mecanismos de democracia participativa se tiene que el derecho de petición se basa en su núcleo esencial que consiste en: 1. Dar respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo ; 2. Resolver de fondo en cada asunto planteado en forma clara, precisa y congruente y 3. Poner en conocimiento del peticionario  la respuesta emitida.

Los términos para resolver las distintas clases de peticiones se encuentran establecidos en el Código Contencioso Administrativo, cuya desatención constituye causal de mala conducta.

EL CONTROL FISCAL

El control fiscal es una función pública mediante la cual se realiza una vigilancia de la forma como las entidades manejan los recursos públicos. Para tales fines, se hace uso de ciertos sistemas que permiten la valoración del manejo de dineros del Estado. Tal control debe ser desarrollado teniendo en cuenta principios tales como la eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales; adicionalmente debe ser posterior y selectivo, es decir, la evaluación se realiza sobre procesos ya ejecutados sobre los cuales es posible hacer una valoración de resultados y se selecciona una muestra representativa de las operaciones adelantadas por la entidad, o empresa que maneja recursos del Estado.

Los sistemas de control fiscal son el financiero que consiste en el estudio de los estados financieros de la entidad utilizando principios básicos de la contabilidad; el de legalidad, que establece que las operaciones se ajustaron a las normas jurídicas aplicables; el de gestión y resultados, encargado de examinar la eficacia y eficiencia de las entidades analizando si cumplieron con sus objetivos, planes y programas; y el de revisión de cuentas que comprende el estudio de los documentos encargados de soportar legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones adelantadas por los entes que manejan dinero público. Tales sistemas pueden utilizarse simultáneamente para obtener resultados mas precisos. La ley 42 de 1993, es la encargada de señalar como debe ser la organización del sistema de control fiscal y financiero en Colombia y los organismos encargados de ejercerlo.

La Constitución y las leyes, señalan que la entidad encargada de realizar el control fiscal es la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, sean estas departamentales, municipales o distritales. Tal institución de orden técnico fue creada en el año de 1923 y fue hasta 1991, que la Constitución, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, le otorgó a esta entidad una autonomía administrativa y presupuestal, para garantizar la independencia y objetividad en la misión encomendada.

El sistema de control fiscal, quedó articulado de la siguiente manera: Es función de la Contraloría General de la República vigilar la gestión de la administración o entidades que manejen fondos públicos; las Contralorías departamentales, municipales o distritales, vigilan dichas entidades, en el orden departamental, municipal o distrital respectivamente.

Luego de dicha exposición, surge la duda razonable de cuál entidad sería la encargada de vigilar al órgano de control máximo, la Contraloría General de la República, y a las Contralorías departamentales. La respuesta, esta consagrada en la misma Constitución en su artículo 274 que establece: “ La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República corresponde al Auditor General de la República.........”

La Constitución creó la figura del Auditor y alrededor suyo fue organizada una institución, La Auditoría General de la República, entidad que hasta 1998, fue considerada como una especie de auditoria externa dependiente de la Contraloría. Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C-499/98 se le reconoce la autonomía presupuestal, administrativa y jurídica; le fueron asignadas sus funciones y organización mediante el Decreto 272 de 2000. La Auditoría General de la República, es un órgano al cual le corresponde la vigilancia y control de la gestión fiscal adelantada por la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales.

Además de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, incentivar la cultura del autocontrol y ser participe de la transformación y depuración de los órganos de control fiscal, a la Auditoría se le encomendó la misión de fomentar la participación ciudadana para la erradicación del fenómeno de la corrupción. Sin embargo, esta misión quedaría en letra muerta, si los ciudadanos no conocen su existencia y los medios que le son ofrecidos para comunicarse y participar.

Esta ha sido una política de la Auditoría General, razón por la cual el Plan Estratégico 2008-2011 contiene como Objetivo Institucional el de: “Fomentar y Estimular la participación ciudadana mediante el aprovechamiento de los diferentes mecanismos adoptados por la institución de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la ley”. El primer ente de control encargado de abrir espacio a la participación ciudadana, fue la Contraloría General de la República en 1994 con la creación de la División de Participación Ciudadana. Sin embargo, dicha división no cumplió con las expectativas, por la imposibilidad de establecer una política capaz de atraer a la ciudadanía al camino de recuperación de credibilidad de los entes estatales, y por ello fue necesaria la reforma consagrada en el Decreto 267 de 2000, en su artículo 55, donde se da vida a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, asignándole ciertas funciones dirigidas a convertir en una realidad la participación de la ciudadanía.