La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, participó con una conferencia virtual en el V Congreso Nacional de Contralores, evento convocado por el Consejo nacional de Contralores en el que se desarrollaron temas académicos sobre el Sistema de Control Fiscal y los adelantos que las contralorías territoriales han tenido por los cambios del ejercicio fiscalizador.

En la instalación del certamen, la Auditora General manifestó la importancia que tiene para el país el control fiscal territorial, sobre la que manifestó: “Es una verdad indiscutible que el país se construye desde los regiones, a partir de la suma de esfuerzos institucionales. Y es desde estas realidades territoriales, tan diversas entre sí pero a la vez tan similares en algunos aspectos, que surgen las grandes transformaciones”.

Así mismo, durante su intervención, la Dra. Erazo Montenegro se refirió a tres temas que catalogó como fundamentales  en  la reforma al control fiscal establecida por el Acto legislativo 04 de 2019 y el decreto reglamentario 403 de 2021: La certificación de las contralorías, el control preventivo y el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal.

Certificación anual de las contralorías

«La certificación anual de las contralorías territoriales, ya ha empezado a mostrar sus bondades porque, como hemos podido observar, las contralorías han generado las acciones necesarias para mejorar su gestión, con miras a dar resultados al país que les permita consolidarse como órganos de control fiscal eficientes, eficaces y oportunos», dijo la Auditora al referirse al tema, y del cual agregó que atendiendo lo dispuesto en la Ley, “la primera certificación anual se expedirá en el primer trimestre del año 2021”, por lo que se tiene previsto darla a conocer  a fines de marzo.

Control preventivo y control automático

Frente al punto del control preventivo a la ejecución de los recursos públicos a cargo de la CGR, Alma Carmenza Erazo resaltó destacó que permite un control fiscal más cercano a la ciudadanía, más eficiente y efectivo, en la medida en que advierte la posible ocurrencia de un daño fiscal y evita, en la mayoría de los casos, que se materialice el detrimento a las arcas públicas.

Por su parte,  al referirse a lo relacionado con lo dispuesto en el artículo 1 del referido acto legislativo 04 de 2019, sobre un control judicial de los fallos de responsabilidad fiscal con etapas y términos procesales especiales, la Auditora General recordó que desde el pasado 25 de enero fue expedida y publicada la Ley 2080 que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, y en ella se establece el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal y el trámite que debe surtir ese control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La Auditora hizo un llamado a los contralores y funcionarios del control fiscal, recordándoles que «En este momento, cualquier fallo que se expida en sus contralorías, debidamente ejecutoriado y que sea CON responsabilidad fiscal, tendrá que ser remitido a los tribunales administrativos de su jurisdicción en el límite temporal establecido en la reforma, es decir, dentro de los 5 días siguientes a su firmeza».

Metodologías Covid y de certificación

La participación de la Auditoría General de la República en el Congreso de Contralores,  se extendió con la participación del financista y magíster en estrategia y prospectiva Víctor Barreneche Pisciotti, funcionario de la Oficina de Estudios Especiales de la entidad, quien se refirió en su conferencia a las metodologías de seguimiento a las consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19, y la de evaluaciones parciales trimestrales y certificación anual de gestión a las contralorías territoriales, explicando los métodos y modelos con que se realiza la estimación del impacto del Covid-19 a partir de la Productividad como medida de qué tan eficientemente se combinaron los factores trabajo y capital para producir valor económico en un año.