BOLETÍN DE PRENSA 18-032

Auditor General de la República hace fuerte llamado de atención frente al uso masivo de la contratación directa en las entidades territoriales del País

• Por esta vía se contrataron, durante la vigencia fiscal de 2017, un total de 853.336 contratos por un valor de $22,38 billones.

• En licitación pública solo 5.132 contratos por $6,95 billones

• En contratación directa, el mayor valor corresponde a contratos de prestación de servicios, representados en 457.079 contratos por $7,23 billones.

La Auditoría General de la República, para conocer el comportamiento de la contratación pública durante la vigencia fiscal 2017 en las entidades territoriales, realizó un análisis de la información reportada por los sujetos de control de las contralorías territoriales.

De dicho análisis, llama poderosamente la atención del Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el uso indiscriminado de la contratación directa, en donde la excepción se ha vuelto regla, con 853.336 contratos reportados por $22,38 billones, mientras que por licitación pública se suscribieron únicamente 5.132 contratos que involucran recursos por $6,95 billones.

Genera alerta de este organismo de control, el hecho de que 20 contratistas en la vigencia 2017, hayan contratado directamente en el nivel territorial un total de $1,41 billones, que corresponden al 6,32 del valor total de la contratación realizada mediante esta modalidad ($22,38 billones) por las entidades territoriales del país durante la vigencia referida.

Así mismo, se evidenció que los 10 departamentos con mayor concentración de contratación directa son en orden: Antioquia con 147.044 contratos por

$4,62 billones (20,65); Cundinamarca con 74.023 contratos por $2,55 billones (11,39); Valle del Cauca con 51.268 contratos por $1,82 billones (8,12); Santander con 50.268 contratos por $1,64 billones (7,32), y Atlántico con 30.487 contratos por $1,27 billones.

Igualmente, destacó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que el principal mecanismo a través del cual se efectúa la contratación directa en las entidades territoriales, es el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mediante el cual se suscribieron 457.079 contratos por valor de $7,23 billones (20,84 del total de contratos celebrados por los entes territoriales en la vigencia analizada).

"De conformidad con la Sentencia C -824/13 la carrera administrativa es un eje axial de laConstitución, por lo cual al empleo público se debería acceder por mérito y concurso; sin embargo, de acuerdo con las cifras enunciadas el mecanismo del contrato de prestación de servicios puede haberse trasformado en una herramienta para eludir los concursos y crear nominas paralelas", resaltó Rodríguez Becerra.

En este contexto, los cinco Departamento con mayor contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión son en su orden: Antioquia con 20.430 contratos por $767.862,08 millones, Cundinamarca con

38.851 contratos por $664.441,05 millones, Valle del Cauca con 32.800 contratos por $647.279,87 millones, Atlántico con 25.220 contratos por $564.265,94 millones y Santander con 32.566 por $533.731,851 millones.

A nivel municipal, las 5 entidades territoriales con mayor contratación por prestación de servicios son: Santiago de Cali con 24.503 contratos por $495.273,96 millones (6,84), Medellín con 6.525 contratos por $415.239,83 millones (5,74), Barranquilla con 6.189 contratos por $270.786,09 millones (3,74), Cartagena con 9.053 contratos por $178.045,91 millones (2,46) y

Popayán con 2.044 contratos por $115.631,49 millones (1,60).

Encuentra la Auditoria General de la República que la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se ha convertido en una de las tipologías contractuales de mayor utilización por parte de la administración territorial, situación que debe llamar la atención de las diferentes entidades, así como de los órganos de control, para evaluar desde sus competencias la situación correspondiente.

"Todo lo anterior, merece especial atención tanto por las entidades gubernamentales regionales, comopor los organismos de control fiscal territorial, con el fin de garantizar que los procesos contractualesse encaminen a resolver las necesidades reales de la población, más que a suplir deficiencias de lasplantas de personal, para mantener el funcionamiento normal de las entidades", concluyó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.