En virtud de la auditoría especial al proceso de contratación de la Contraloría General de la República, la Auditoría General dio traslado a la Fiscalía General de la Nación de 9 presuntos hallazgos penales.

Uno de los contratos que fue objeto de traslado a la Fiscalía, es el que la Contraloría General suscribió con la firma Deloitte Asesores y Consultores Ltda., para actualización del manual de procedimientos de esa entidad por $464 millones. 

La Auditoría General de la República advirtió que no está de acuerdo con la forma con la que la Contraloría estableció el valor de la contratación teniendo en cuenta que la misma entidad en el año 2012 suscribió el contrato No. 574 cuyo objeto fue igualmente la misma actualización del Manual de Contratación el cual fue celebrado por la suma de $87 millones.

Por tal motivo para la Auditoría puede existir un presunto detrimento patrimonial de más de $374 millones.

En la Auditoría Especial se cuestiona además el contrato 464 de 2013, también suscrito con la firma Deloitte Asesores y Consultores cuyo objeto fue: “prestación de servicios profesionales para el análisis y revisión de los procedimientos de la Contraloría General de la República, para la elaboración del presupuesto, ejecución, seguimiento y un análisis del grado de cumplimiento del mismo al 30 de septiembre de 2013”. 

La Auditoría General de la República advierte que no se acreditó la experiencia requerida en los estudios previos de los tres profesionales de alto nivel y otros dos profesionales adscritos a esa firma para la ejecución del contrato. Asimismo se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación de los contratos No. 025 y 213 de 2013 por supuesto incumplimiento de los requisitos de experiencia suscrito con la firma Deloitte Advisory S.L. 

El contrato 025 tenía por objeto: “la implementación de una segunda fase dentro del análisis de la información financiera efectuada por la migración a la versión II del Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF–”. 

Respecto a ese contrato se cuestiona que no se pudiera acreditar el título profesional, título en formación avanzada (especialización o maestría), ni la experiencia solicitada de los funcionarios que encargados de esa función. Solo se halló un diploma de uno de los funcionarios como licenciado en ciencias económicas.

Entre tanto el objeto del contrato 213 fue: “la definición y desarrollo de los procedimientos de conciliación bancaria, cierres contables y gestión de multas administrativas”. En este caso de los profesionales que asumieron las funciones propias el objeto del contrato solo se encontró un título en master en desarrollo de sistemas para el comercio electrónico. 

La Auditoría General dio traslado además del contrato 065 que supuestamente fue firmado sin el lleno de los requisitos legales, y no acreditar idoneidad y experiencia. El contrato consistió en “prestación de servicios de apoyo a la gestión en la recolección, redacción, escritura y evaluación de materiales que puedan servir de base de publicaciones al despacho de la Contraloría…”.

Para la Auditoría General los soportes académicos y laborales presentados por el contratista no cumplen con los requisitos para determinar las exigencias. “El certificado de estudio presentado por el contratista es de país extranjero sin apostillaje o certificación convalidación en Colombia y las certificaciones laborales no tienen fecha de cuándo se prestó el servicio”, señala el informe. 

A la Fiscalía también fue trasladado el contrato 636 suscrito también con la firma Deloitte Advisory S.L. El objeto del contrato era “revisar la conciliación de la información financiera de la Contraloría General de la República afectada por la migración de la información a la versión 2 del Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF–, y gestión de multas y embargos”.

En este contrato la Auditoría General de la República cuestiona la idoneidad del personal empleado para el cumplimiento del objeto de esa obligación.

Los contratos suscritos por la Contraloría General de la República con Deloitte Advisory S.L. y Deloitte Asesores y Consultores Ltda., suman $2.324.600.000 lo cual podría constituir presuntamente el delito de interés indebido en la celebración de contratos. 

“Teniendo en cuenta los múltiples contratos suscritos por la Contraloría General de la República con los mencionados contratistas y cuyos objetos han sido de manera común el tema financiero, se evidencia un favorecimiento indebido hacia estos contratistas toda vez que los diferentes contratos han sido tramitados mediante la modalidad de contratación directa, es decir sin participación de otros oferentes”, advierte el informe de la auditoría especial.

También fueron remitidos a la Fiscalía los contratos de prestación de servicios de tres secretarias y dos conductores cuyo presunto detrimento patrimonial se estima en $178.428.984. La Auditoría General cuestiona que esas funciones pudieron ser asumidas por personal de planta de la Contraloría General y no por personal con contratos de prestación de servicios.

Dentro de los hallazgos que fueron remitidos a la Fiscalía también se encuentra el suministro de combustible de un vehículo de propiedad de la ex contralora Sandra Morelli, que no pertenecía al parque automotor de la Contraloría General. A junio de 2014 la suma del suministro ascendió a $1.730.034.