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Sin el debido control, urgencia manifiesta puede convertirse en oportunidad para la corrupción: Auditora General

Sin el debido control, urgencia manifiesta puede convertirse en oportunidad para la corrupción: Auditora General
AGR. JP Dueñas Fecha de publicación: 27/05/2020
  • Al analizar información reportada en la aplicación SIA-Observa de la AGR, Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la República, pidió a las contralorías territoriales agudizar la vigilancia y actuar con oportunidad.
  • El control al uso de los recursos públicos para atender la pandemia requiere especial cuidado, advierte la Auditora.

Bogotá, 27 de mayo de 2020. Después de un exhaustivo análisis a la contratación pública realizada entre marzo y abril del presente año (información registrada en el aplicativo SIA-Observa), la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, llamó la atención a las contralorías territoriales, exhortándolas a agudizar la vigilancia de los recursos públicos destinados a hacer frente a la pandemia que actualmente azota a la humanidad: “Actuar con prontitud en estos momentos de crisis y entregar resultados oportunos a la ciudadanía, debe ser la prioridad de los organismos de control fiscal”, afirmó la Auditora.

De la muestra analizada, la cual alcanza los $577 mil millones, se encontró que los departamentos en donde más recursos se comprometieron fueron: Valle del Cauca con más de $50 mil millones a través de 222 contratos; Magdalena con más de $44 mil millones e, igualmente, suscribió 222 contratos y Cundinamarca con más de $41 mil millones distribuidos en 887 contratos.

“La situación de urgencia manifiesta es un mecanismo legal que procura la celeridad en materia de contratación, pero, sin el debido control, esta puede convertirse en una oportunidad para la corrupción. Así, la información que publicó la Auditoría en su portal web constituye un listado de alertas tempranas para orientar al control fiscal territorial”, señaló la doctora Alma Carmenza.

Si la información analizada se toma por entidades, llama la atención la magnitud del monto de algunos contratos: mientras que el Distrito de Barranquilla celebró 119 contratos por un valor de $19.600 millones, en el Valle del Cauca solo la Secretaría de Gestión de Riesgo comprometió cerca de $29.000 millones en 6 contratos y la Secretaría de Bienestar Social celebró 8 contratos por más de $12.000 millones. En Casanare, el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó $10.550 millones en 10 contratos y la Alcaldía del municipio de Uribia, en La Guajira, comprometió $9.200 millones en 8 contratos. Estos son apenas algunos ejemplos de contratos cuyos montos deberían llamar la atención de los contralores.

Otro aspecto inherente a la contratación y que resulta inquietante, es el relacionado con el pago de anticipos. El ranking por este concepto lo lidera Casanare con $4.930 millones, seguido de La Guajira con $3.860 millones y Sucre con $3.780 millones. Reitera la Auditora que, si bien pactar anticipos no es ilegal, estos deben utilizarse exclusivamente para atender el objeto y obligaciones del contrato respectivo y es ahí donde los órganos de control deben estar atentos para verificar que estos recursos no se desvíen para fines distintos, más aún cuando el 74% de los contratos se ejecutaron en menos de dos meses.

Si se tomara el valor de la contratación por departamento y se comparara con su población, es de esperarse que a mayor población, mayor inversión de recursos. Pero no sucede así en departamentos como La Guajira, Sucre, Meta y Santander, entre otros, en donde los valores contratados son superiores al promedio del resto de territorios.

En el mismo sentido, aparentemente a mayor población vulnerable debería haber mayor contratación para la atención del COVID-19. Sin embargo, departamentos como Valle del Cauca tienen valores menores de contratación que otros como Meta y Boyacá, a pesar de tener una población vulnerable 4 y 3 veces más grande que ellos, respectivamente.

De los 20 municipios con mayor contratación de la muestra, es llamativo que Coveñas, con una población de 20.000 habitantes, tiene contratos por más de mil millones de pesos, muy por encima de San Juan de Pasto, que tiene una población 21 veces mayor. Otros municipios con similar comportamiento son Neiva, Villavicencio y Cúcuta.

También se encuentran contradicciones en la relación entre la cantidad de recursos invertidos y la magnitud de la pobreza multidimensional. Según la muestra analizada, cuanto mayor es el índice de pobreza multidimensional, menor es la contratación para atender la pandemia. Municipios como Cartagena, Barbosa, Villa Rica, Cereté, Barrancabermeja, Simití y Sevia, caracterizados por los altos índices de pobreza de su población, presentan los menores valores de contratación con ocasión del COVID19. Caso contrario sucede en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Neiva y Cúcuta, en donde la pobreza es menor, pero el recurso invertido es más alto.

Si se analiza la muestra por objeto y costo, podemos ver ciertas anomalías. Por ejemplo, uno de los artículos de mayor comercialización por esta época es el tapabocas. El costo promedio de un tapabocas N95 es de $20.996. En la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un costo unitario de $48.000 pesos, ¿a qué obedecen estos posibles sobrecostos? se pregunta la Auditora General. En Villanueva (Santander) se compró una cantidad similar pero por un valor de 27.731 pesos, $7.000 por encima del promedio del precio del mercado, igual que en el municipio de Leyva (Nariño), en donde se adquirieron 60 unidades, o en Peque (Antioquia), lugar en el que se compraron 30 tapabocas a $24.910 cada uno.

Otro de los productos de mayor comercio ha sido el paquete de productos alimenticios o “mercados”. El costo promedio de los mercados, calculado por regiones, es de $60.720 pesos, pero se encuentran excepciones como la región del Pacífico, donde un mercado tenía un costo de $117 mil en promedio, o la región Centro Sur, con costo promedio de $100 mil.

Finalmente, la Auditora General de la República advierte que “Para algunos, puede que un sobrecosto de $1.000 sea insignificante, pero esos mil pesos sumados en cientos y miles de contratos también con sobrecostos, terminan impactando significativa y negativamente las arcas del Estado. La corrupción en mayores o menores proporciones es corrupción y no se puede tolerar, allí es donde deben intervenir, los organismos de control”.

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