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AGR inició auditoría exprés a la Contraloría de Cartagena

03 de noviembre de 2020

Auditoría General aceptó denuncia del Alcalde de Cartagena contra el jefe de ese organismo de control

A raíz de la denuncia presentada por el Alcalde de Cartagena, Williams Dau Chamat, relacionada con presuntos actos de corrupción en la Contraloría Distrital de esa ciudad, la Auditoría General de la República inició hoy la ejecución de una Auditoría Exprés al ente de control fiscal distrital

Los señalamientos públicos del burgomaestre cartagenero contra el organismo de control a cargo de Freddys Quintero Morales como contralor distrital, hizo necesaria la intervención de la Auditoría General, ente que vigila la gestión fiscal de las contralorías del país.

Según manifestó la Auditora General, Alma Carmenza Erazo Montenegro, una vez conocida la denuncia se tomó la determinación de conformar un equipo interdisciplinario constituido por cuatro profesionales de diferentes gerencias seccionales de la AGR, que estará coordinado por la Gerencia Seccional V, dependencia de la AGR con sede en Barranquilla y bajo cuya jurisdicción se encuentra la Contraloría Distrital de Cartagena.

El equipo auditor se encargará de determinar la veracidad de los presuntos hechos denunciados y la manera como los mismos podrían haber afectado los recursos públicos de la Contraloría.

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

Grupo de Comunicaciones

Acciones que generan resultados y transforman el control fiscal

27 de octubre de 2020

“La modernización tecnológica y la participación ciudadana son parte del éxito de este primer año de gestión”, aseguró la Auditora General de la República, Dra. Alma Carmenza Erazo Montenegro.

Este martes 27 de octubre, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, realizó la rendición de cuentas de su primer año de gestión al frente de la entidad de control fiscal algunos de los aspectos que resaltaron fueron:

Fueron resueltos el 100% de los derechos de petición recibidos por la entidad
215 hallazgos en las 6 etapas proceso
Primera vez que se trabaja en la certificaciones de contralorías territoriales
Se logró la Virtualización del proceso auditor
85% de auditorías proyectadas para 2020 ya fueron elaboradas
Índice evolución integral de contralorías AUDITEC que permite Detectar alertas tempranas y niveles de riesgo
Los modelos de capacitación son basados en el desempeño con estándares internacionales
Se incluyeron en las gerencias seccionales veedores, líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, estudiantes y ciudadanía
A través de pilares como Basa sus procesos de vigilancia en 4 pilares que garantizan
Lograr el desarrollo del módulo del SIA FISCAL que permite controlar y rendir la cuenta de los procesos fiscales los en tiempo real tal como existe con los procesos de contratación y control fiscal
La formación en línea ha permito llevar en tiempo real muchos procesos de auditoría

Función certificadora

Durante su exposición, la Auditora general destaco, además, los grandes retos que tiene el control fiscal colombiano con los procesos de evaluaciones parciales trimestrales y certificación anual que la implementación del Acto legislativo 04 de 2019 le encomendó a la AGR.

Al respecto la Dra. Erazo Montenegro puntualizó: «Con el fin de atender esta nueva función constitucional, desde del año pasado diseñamos la Metodología para medir y calificar las 65 contralorías territoriales del país. De esta manera, en el pasado mes de agosto se expidió la metodología en su versión 2.0, la cual se ha venido aplicando y el 15 de septiembre de 2020 se hizo entrega a todas las contralorías del país, de la primera evaluación parcial trimestral, como una herramienta gerencial que les permita superar las falencias evidenciadas, en procura de un mejoramiento continuo; con miras a la primera certificación anual de gestión que se entregará a más tardar el 31 de marzo de 2021»,

De la gestión de la entidad sobre el proceso de certificación, se destacan puntos como:

La meta para la primera certificación de contralorías en Colombia es marzo de 2021
La capacitación y virtualización de la entidad tiene la capacidad de hacer análisis predictivos que sirvan de insumo del control fiscal
Pese a la reducción de presupuesto se han cumplido las metas del plan estratégico 2020 -2023
Se realizaron 10 encuentros regionales virtuales

AGR activa durante la pandemia

«En materia de contratación de recursos destinados a combatir el Covid-19, además de un importante llamado de atención a las contralorías territoriales para vigilar la destinación y uso de estos recursos, solicitamos información a los entes de control fiscal territorial, la cual nos permitió analizar 750 denuncias relacionadas con bienes y servicios contratados para la atención de la emergencia sanitaria», manifestó la Auditora durante la rendición de cuentas.

Con alertas a las contralorías, el recaudo de información a través de la aplicación SIA-Observa, seguimiento a hechos noticiosos y denuncias públicas, y la atención a quejas ciudadanas, la Auditoría puso en marcha un equipo especializado de investigación y, a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal, analizó la ejecución de 28.687 contratos celebrados por los entes territoriales durante el estado de emergencia y las declaraciones de urgencia manifiesta, con una inversión pública de 1,6 billones de pesos.

Acciones que generan resultados

De la gestión desarrollada por la entidad durante el primer año bajo la administraciòn de la Dra Alma Carmenza Erazo, se resaltan a continuación los logros más significativos, en los cuales se puede evidenciar que la labor no solo se ha enfocado en el cumplimiento de la labor misional, sino también en la gestión integral de los recursos físicos, financieros, administrativos y humanos, en procura de dar cumplimiento integral a la propuesta programática presentada.

Certificación de las contralorías. En cumplimiento del ordenamiento constitucional, la AGR diseño “in house” la metodología y modelo de informes trimestrales y de certificación. Esta metodología se empezó aplicar como seguimiento al desempeño de las contralorías territoriales. Es un instrumento gerencial de seguimiento que, con el apoyo de los informes trimestrales, los Contralores podrán establecer de manera oportuna, los ajustes necesarios con el fin de no solo lograr el cumplimiento de la función, sino de ser conscientes que la gestión debe ser impulsada hacia la excelencia. Con este modelo, se logrará el fortalecimiento del control fiscal a través de la transformación.

AuditeCT. Marca en proceso de registro; es un índice innovador cuya metodología de cálculo fue diseñado por los funcionarios de la AGR, con el objeto de realizar las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación anual de las contralorías territoriales. Se calcula a partir de la combinación de operaciones matemáticas y estadísticas para medir el desempeño integral de las contralorías.

IPV6: En cumplimiento de las normas expedidas por el gobierno nacional y en miras a lograr que la Entidad tenga estándares en velocidad y seguridad en la información, se destinaron los recursos y se dio paso al proceso de contratación respectivo.

Licencias: Este fue un año de renovación tecnológica, en lo que se refiere al licenciamiento de nuestros equipos, servidores, programas y demás, dejando el 100% de los servicios de tecnología actualizados.

Computadores: Despues de escuchar a los funcionarios y comprobar con los inventarios y estudio de obsolescencia de los equipos de cómputo, se toma la decisión de realizar la renovación escalonada de computadores, dándole prioridad a los equipos auditores de las gerencias y quienes además en cumplimiento de la función misional de la entidad adelantaron los procesos auditoría de manera virtual.

Virtualización del proceso auditor: haciéndole frente a la pandemia y cumpliendo con nuestra misión la AGR no se quedó atrás y se reinvento, haciendo que el cumplimiento del PGA (Plan General de Auditorias), se diera de manera virtual, manteniendo el nivel de calidad y cumplimiento de su programación.

100% Atención a la ciudadanía: Con los canales virtuales habilitados, teniendo en cuenta la restricción obligatoria de la presencialidad, nos pusimos como meta no dejar de atender ninguna de las solicitudes de nuestros diferentes grupos de interés y así lo comprueba el último informe de auditoría realizada por el área de control interno y que se cerró con corte a este informe.

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Pacto por la transparencia

26 de octubre de 2020

La Auditoría General de la República y la Agencia Nacional de Contratación Pública «Colombia Compra Eficiente», darán inicio a los procesos de formación relacionados con el pacto por la transparencia firmado el pasado primero de octubre en el marco del foro virtual “Transformación del modelo de control fiscal colombiano. Implementación del acto legislativo 04 de 2019 y sus decretos reglamentarios. Perspectivas y Retos”.

Dando cumplimento a los compromisos adquiridos, la AGR y la ANCP entregarán esta semana a las contralorías territoriales que firmaron este pacto de manera voluntaria, toda la oferta formativa de acuerdo con el nivel de adopción que tengan en las plataformas de compra pública, garantizando de esta manera el acompañamiento necesario en este importante acto.

Distintos entes de control fiscal del país harán parte de estas capacitaciones que iniciarán el 26 de octubre y terminarán el 18 de diciembre del 2020. Las jornadas de formación para los grupos previamente establecidos tendrán una duración de 5 días y se darán en los horarios de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m.

De acuerdo con lo anterior, hoy lunes 26 de octubre, iniciarán las capacitaciones con el primer grupo de contralorías territoriales de Itagüí, Bello, Ibagué, Tolima, Floridablanca, Barrancabermeja, Pasto, Nariño, Montería y Córdoba.

Es importante recordar que la Auditoría General de la República y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente realizan acciones para fortalecer los elementos que permitan ejercer un control fiscal más eficiente y transparente, además reiteran el compromiso para el cumplimiento y la implementación del pacto por la transparencia.

Consulte aquí el cronograma de capacitaciones por contraloría territorial:

GRUPO	CONTRALORIA TERRITORIAL	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Contraloría Municipal de Itagüí	26 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020
	Contraloría Municipal de Bello
2	Contraloría Municipal de Ibagué
	Contraloría Departamental del Tolima
3	Contraloría Municipal de Floridablanca
	Contraloría Municipal de Barrancabermeja
4	Contraloría Municipal de Pasto
	Contraloría Departamental de Nariño
5	Contraloría Municipal de Montería
	Contraloría Departamental de Córdoba
6	Contraloría Municipal de Manizales	9 de noviembre de 2020	13 de noviembre de 2020
	Contraloría Distrital de Buenaventura
7	Contraloría Municipal de Medellín
	Contraloría Departamental de Antioquia
8	Contraloría Departamental de Risaralda
	Contraloría Municipal de Pereira
9	Contraloría Departamental del Putumayo
	Contraloría Departamental del Caquetá
10	Contraloría Departamental del Guaviare
	Contraloría Departamental del Vichada
11	Contraloría Municipal de Soacha
	Contraloría Departamental de Cundinamarca
12	Contraloría Municipal de Armenia	23 de noviembre de 2020	27 de noviembre de 2020
	Contraloría Departamental del Quindío
13	Contraloría Municipal de Dosquebradas
	Contraloría Departamental de Caldas
14	Contraloría Municipal de Valledupar
	Contraloría Departamental del Cesar
15	Contraloría Departamental de Magdalena
	Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
16	Contraloría Municipal de Villavicencio
	Contraloría Departamental del Meta

Inducción a funcionarios de los organismos de control fiscal sobre evaluaciones trimestrales a las contralorías

09 de octubre de 2020

Como parte del proceso de implementación de la función certificadora que la Auditoría General de la República –AGR– debe realizar a las contralorías territoriales del país, desde esta semana se desarrollan jornadas de «Socialización de aspectos fundamentales para la comprensión de las evaluaciones parciales trimestrales».

Esta actividad, que inició el día de ayer se con la capacitación a más de 400 funcionarios de las contralorías bajo jurisdicción de las gerencias seccionales de la AGR con sedes en Medellín, Armenia, Cali y Neiva, está dirigida al tratamiento de temas estratégicos para la debida comprensión de las evaluaciones parciales trimestrales, así como a la resolución de inquietudes sobre la formulación, cálculo y resultados de los indicadores de las evaluaciones parciales trimestrales que fueron el insumo fundamental para la herramienta gerencial de identificación de riesgos en el cumplimiento de los procesos por parte de las contralorías territoriales, entre otras consultas que se dieron en torno a la metodología de las evaluaciones parciales trimestrales y certificación anual.

Así mismo, la entidad ha dispuesto mecanismos de apoyo como la Mesa de Ayuda y la disponibilidad de un grupo de funcionarios especializados en el tema, quienes desarrollaron el método de cálculo del AUDITECT y las herramientas gerenciales para la identificación de riesgos que conllevan a mejoras sobre falencias evidenciadas, de acuerdo con el mandato legal del Decreto 403 de 2020, artículo 30.

Al respecto, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, dijo que «estas jornadas de socialización se convierten en una gran herramienta para la adecuada interpretación y uso del informe de evaluación trimestral como un instrumento de mejora en la gestión pública», y destacó la activa participación de las contralorías territoriales como «organismos que se encuentran claramente comprometidas en la mejora continua de sus procesos y la excelencia en su gestión».

Cabe destacar que este tipo de actividades de acompañamiento, está fundamentado en el cumplimiento del Acto Legislativo Nº 04 de 2019, mediante el cual se reformó el control fiscal colombiano, y su Decreto Reglamentario Nº 403 del 16 de marzo de 2020, que le atribuyó a la Auditoría General de la República la responsabilidad de realizar la evaluación parcial trimestral y la certificación anual a las contralorías territoriales.

Las jornadas inductivas, que se realizan de manera virtual, continuarán el martes 13 de octubre.

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Auditoría impulsa Pacto por la Transparencia para que contralorías territoriales contraten a través de Secop II

02 de octubre de 2020

La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo, anunció que con el fin de apoyar la gestión de las Contralorías Territoriales y a efectos de brindar mayor transparencia a la gestión contractual de estas, se promovió el pacto por la transparencia en el uso de las plataformas tecnológicas SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Contralorías Territoriales que se adhirieron al pacto recibiran el acompañamiento de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - en la capacitación del uso de las plataformas tecnologicas, así mismo desde el primero de enero del próximo año asumieron el compromiso de gestionar toda la contratación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

Así mismo el uso del SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano redundara en beneficio de los entes de control fiscal territorial, ya que se generará mayor transparencia, economía y se utilizara el expediente electrónico contractual.

El pronunciamiento lo realizó durante el “Pacto por la Transparencia”, suscrito entre la Auditoría General de la República, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, así como un alto numero de contralorías del país.

“Este compromiso generará instituciones sólidas que garanticen transparencia, integridad y legalidad en el ejercicio de nuestras funciones”, afirmó la Auditora.

El SECOP fue creado con la Ley 1150 de 2007 y administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, es el punto único de ingreso de información y generación de reportes de la contratación de las entidades estatales y la ciudadanía, contando con la información oficial realizada con dineros públicos.

“El SECOP II permite gestionar en línea todos los procedimientos de contratación, con cuentas y usuarios asociados para las entidades y los proveedores, y permite que cualquier interesado en hacer seguimiento a la contratación pública”, explicó la auditora Alma Carmenza Erazo.

La funcionaria agregó que el Pacto por la Transparencia también contempla compromisos en aspectos como la formación y capacitación, la utilización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y la divulgación proactiva de la información.

Hallazgos, presuntas inconsistencias y hechos relevantes deja auditoría exprés a la contraloría de Barranquilla

11 de septiembre de 2020

Ocho hallazgos administrativos, entre ellos tres fiscales y uno disciplinario e inconsistencias y hechos relevantes en los procesos de contratación y administrativos sancionatorios fiscales, encontró la Auditoría General de la República –AGR– en la reciente auditoría exprés practicada a la Contraloría Distrital de Barranquilla.

Así lo registra el informe final del ejercicio auditor realizado a ese organismo de control territorial, el cual se originó a raíz hechos denunciados por los medios de comunicación, relacionados con actuaciones de Jesús María Acevedo como titular del cargo de contralor distrital de la capital atlanticense, y que alcanzaron relevancia pública a nivel nacional, específicamente lo concerniente a la presunta recomendación que éste realizara al Gerente de la empresa de servicios públicos Triple A S.A. E.S.P., Guillermo Peña, para contratar una firma de abogados que lo representara en los procesos que la Contraloría Distrital sigue en su contra.

Gestión contractual antieconómica

El informe presentado por el equipo auditor de la AGR, arroja tres presuntos hallazgos fiscales por detrimento al erario por monto de $37.474.200, dos de ellos por la celebración de contratos cuya revisión evidencia una presunta gestión contractual antieconómica, y el último, por presunto incumplimiento del objeto contratado, al no cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas.

También se configuró un hallazgo con connotación disciplinaria, por ausencia de justificación en el valor del contrato y por la suscripción del mismo sin que el contratista tuviera la experiencia para su celebración. Frente al mismo contrato, la AGR determinó incidencia fiscal, al encontrar que no se cumplió, por parte del contratista, con todas las obligaciones contraídas con la contraloría.

Igualmente, se evidenciaron otras fallas administrativas en los procesos, entre las cuales se determinaron hallazgos por: deficiencias en los estudios previos, vulneración de los principios de eficacia y legalidad (incumplimiento de obligaciones y falta de soportes para pago), y vulneración al principio de planeación.

Hechos relevantes

Consecuentemente con la evaluación a la gestión contractual 2020 de la Contraloría Distrital, se evidenciaron hechos relevantes en la revisión de contratos suscritos, terminados o vigentes, celebrados por Mayda Alejandra Plata Álvarez como persona natural; la firma American Lawyers Corporation S.A.S., y la Corporación Educativa para el Desarrollo Humano Integral de Colombia –Cedhic–. Estos contratos fueron suscritos con entidades públicas del nivel territorial.

El hecho toma trascendencia en la investigación, debido a que la señora Mayda Alejandra Plata Álvarez – es, además, la representante legal de las dos empresas mencionadas en el párrafo precedente, una de ellas (American Lawyers Corporation S.A.S.) la presuntamente recomendada a la Triple A. S.A. E.S.P. por parte de Jesús Acevedo, quien fungía como contralor distrital de Barranquilla para la época de los hechos–,la cual suscribió varios contratos no sólo con la Contraloría de Barranquilla, sino también con las entidades auditadas por este organismo de control fiscal.

Documentos relacionados

Informe de auditoría exprés a la Contraloría Distrital de Barranquilla

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AGR inició auditoría exprés a la Contraloría de Barranquilla

28 de julio de 2020

Auditoría se adelanta a raíz de denuncias contra el jefe de ese organismo de control
Resultados del ejercicio auditor podrán servir de insumo para que la Auditoría General solicite a la Contraloría General la intervención de esa contraloría distrital.

La Auditoría General de la República –AGR– inició ayer la ejecución de una auditoría exprés a la Contraloría Distrital de Barranquilla, a raíz de las denuncias realizadas por diversos medios de comunicación, relacionadas con presuntos actos de corrupción cometidos por Jesús María Acevedo Magaldi, en su condición de Contralor Distrital de Barranquilla.

La decisión se adoptó, luego de conocerse los graves hechos relacionados con el actuar del Contralor Distrital, José María Acevedo, por la presunta recomendación que éste realizara al Gerente de la empresa de servicios públicos Triple A S.A. E.S.P., Guillermo Peña, para contratar una firma de abogados que lo representara en los procesos que la Contraloría Distrital sigue en su contra.

“Inmediatamente tuve conocimiento de las denuncias a través de los medios de comunicación, ordené iniciar una auditoría exprés, para determinar si en los procesos auditores y procesos fiscales, hubo alguna irregularidad durante la permanencia del contralor en el cargo. Los resultados nos permitirán adoptar decisiones frente al país, pues hechos como estos resultan inaceptables, enlodan el control fiscal territorial y, en caso de comprobarse, deben ser castigados con todo rigor” indicó la Auditora General de la República, doctora Alma Carmenza Erazo Montenegro.

La Auditoría se enfocará en evaluar los hallazgos y los procesos fiscales abiertos por la Contraloría Distrital de Barranquilla contra la firma Triple A S.A. E.S.P. –empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla–, y aquellos que por su naturaleza y cuantía puedan considerarse con mayor riesgo de corrupción.

De los resultados que arroje la auditoría exprés, cuyo trabajo de campo se extenderá hasta este viernes 31 de julio, se podrá derivar una posible solicitud ante la Contraloría General de la República, para que esta entidad realice la intervención de la Contraloría Distrital de Barranquilla, con fundamento en las facultades que le otorga el Decreto Ley 403 de 2020.

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Construcción del modelo de evaluación a las contralorías territoriales

08 de julio de 2020

Auditoría General avanza en la implementación de su función certificadora

El Artículo 30 del Decreto Ley 403 de 2020, mediante el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 que reforma al control fiscal colombiano, establece que la Auditoría General de la República –entidad que ejerce vigilancia y control a los organismos de control fiscal del país–, realizará la certificación anual de todas y cada una de las contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las capacidades para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones.

En cumplimiento de este mandato, la Auditora General, Alma Carmenza Erazo Montenegro, designó un equipo interdisciplinario de trabajo para la elaboración de la metodología con la cual se desarrollarán las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación anual de gestión de los organismos de control fiscal de los niveles departamental, distrital y municipal.

Aspectos como los criterios diferenciados para clasificar y agrupar las contralorías por sus particularidades y ámbito de actuación; la formulación de indicadores a partir de la gestión por procesos; la construcción del índice de desempeño integral de las contralorías territoriales –AuditeCT–, entre otros, hacen parte de la estructura metodológica del modelo de evaluación y certificación presentado por la AGR en su primera versión.

El documento contentivo de la metodología, fue remitido esta semana al Sinacof (Sistema Nacional de Control Fiscal), y socializado con los contralores del país y los funcionarios de la AGR, para que sus aportes contribuyan a la construcción de un modelo que permita fortalecer y modernizar el sistema de control fiscal y garantizarle a los colombianos el efectivo uso y cuidado de los recursos públicos.

Relacionados

Documento: Metodología para la certificación anual de gestión y las evaluaciones trimestrales de las contralorías territoriales

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Auditora General se reunió con Junta Directiva de Asdeccol

04 de junio de 2020

Evaluación de las contralorías, defensa del presupuesto de los organismos de control fiscal y hallazgos de la AGR en cumplimiento del ejercicio auditor, temas que hicieron parte de la agenda.

Bogotá, 4 de junio de 2020. En su tarea de promover la transformación del control fiscal del país y de coordinar acciones conjuntas que permitan su implementación y desarrollo, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, sostuvo reunión virtual con los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia –Asdeccol–.

Certificación de las contralorías y defensa del control fiscal territorial

En la charla se trataron temas fundamentales como la certificación de las contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, tarea que, conforme lo disponen el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, corresponde a la Auditoría General de la República –AGR–, y sobre la cual la Dra. Alma Carmenza manifestó que en el momento se está realizando el diseño y parametrización de los indicadores mediante los cuales se calificará a los órganos de control fiscal territorial, y que una vez establecida la metodología, la misma será ampliamente socializada entre todos los sectores de interés.

Respecto a la inquietud que tienen las contralorías por la amenaza latente de reducción de sus presupuestos por la situación fiscal que atraviesan departamentos, distritos y municipios, la Auditora declaró que es una preocupación que comparte con ellos e instó a los participantes a la reunión a actuar conjuntamente en la gestión y apoyo de iniciativas que promuevan el proyecto de fortalecimiento presupuestal que ordenó el Acto Legislativo 04 de 2019.

Hallazgos de auditoría

Una de las inquietudes que los representantes de Asdeccol presentaron en la reunión, fue la referente a los hallazgos de la Auditoría General de la República concernientes a acuerdos laborales suscritos por Asdeccol y otros sindicatos con contralorías territoriales, refiriéndose concretamente al caso de pagos completos por incapacidades médicas realizados en la Contraloría de Manizales.

En virtud de lo anterior, se informó a los asistentes que la posición de la Auditoría General de la República, es la siguiente:

a. El pago de parte del salario a los empleados públicos en situación de incapacidad por enfermedad no profesional es considerado por la ley y la jurisprudencia colombiana como una prestación social y no simplemente un auxilio económico. Entre otras, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, explícitamente lo consideran una prestación social.

b. El régimen prestacional de los empleados públicos en Colombia, por mandato constitucional, tiene expresa reserva legal y reglamentaria, en particular el artículo 150-19-e de la Constitución Política, desarrollado en la Ley 4 de 1992. Esta misma regla fue expresamente corroborada, entre otras, en sentencia C-315 de 1995.

c. El Decreto 1072 de 2015, vigente y actualmente cobijado por presunción de legalidad, en su artículo 2.2.2.4.4 sobre materias de negociación establece que, en materia prestacional, las entidades no tienen la facultad de negociar y concertar, toda vez que, por mandato constitucional y legal, la única autoridad competente para regular la materia, es el Presidente de la República.

En criterio del asesor externo que acompañó el desarrollo de la reunión, los pagos adicionales sobre la prestación de origen legal serían una prestación extralegal que, de cara al ordenamiento jurídico vigente, estaría totalmente proscrita. Lo anterior, en virtud de la reserva legal y reglamentaria sobre la materia, y por esto, esta es una de las materias que debe estar excluida de las negociaciones colectivas con sindicatos de empleados públicos, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015.

Frente al tema, la Auditora General fue enfática en afirmar que la AGR se encuentra estudiando la responsabilidad fiscal en casos concretos y, sólo cuando culmine dicho estudio, tomará la decisión de fondo que mejor se ajuste a derecho, la cual consultará todos los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal y, como es obvio, siempre con el debido respeto de las formalidades del procedimiento y de las garantías de los sujetos investigados, en particular sus derechos de audiencia, defensa y al debido proceso.

Así mismo, manifestó que Asdeccol siempre contará con la posibilidad de ejercer acciones judiciales como consecuencia de las decisiones de las contralorías territoriales que han ordenado la suspensión del pago del valor del salario no cubierto por las EPS cuando existen incapacidades médicas, de tal manera que una decisión de la Auditoría no constituye un prerrequisito para la presentación de tales acciones, pues es su derecho lograr un pronunciamiento en sede judicial, sobre este tema tan relevante.

Finalmente, los participantes en la reunión coincidieron en programar un taller sobre negociación colectiva en colaboración con la Academia Virtual de la AGR.

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Sin el debido control, urgencia manifiesta puede convertirse en oportunidad para la corrupción: Auditora General

27 de mayo de 2020

Al analizar información reportada en la aplicación SIA-Observa de la AGR, Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la República, pidió a las contralorías territoriales agudizar la vigilancia y actuar con oportunidad.
El control al uso de los recursos públicos para atender la pandemia requiere especial cuidado, advierte la Auditora.

Bogotá, 27 de mayo de 2020. Después de un exhaustivo análisis a la contratación pública realizada entre marzo y abril del presente año (información registrada en el aplicativo SIA-Observa), la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, llamó la atención a las contralorías territoriales, exhortándolas a agudizar la vigilancia de los recursos públicos destinados a hacer frente a la pandemia que actualmente azota a la humanidad: “Actuar con prontitud en estos momentos de crisis y entregar resultados oportunos a la ciudadanía, debe ser la prioridad de los organismos de control fiscal”, afirmó la Auditora.

De la muestra analizada, la cual alcanza los $577 mil millones, se encontró que los departamentos en donde más recursos se comprometieron fueron: Valle del Cauca con más de $50 mil millones a través de 222 contratos; Magdalena con más de $44 mil millones e, igualmente, suscribió 222 contratos y Cundinamarca con más de $41 mil millones distribuidos en 887 contratos.

“La situación de urgencia manifiesta es un mecanismo legal que procura la celeridad en materia de contratación, pero, sin el debido control, esta puede convertirse en una oportunidad para la corrupción. Así, la información que publicó la Auditoría en su portal web constituye un listado de alertas tempranas para orientar al control fiscal territorial”, señaló la doctora Alma Carmenza.

Si la información analizada se toma por entidades, llama la atención la magnitud del monto de algunos contratos: mientras que el Distrito de Barranquilla celebró 119 contratos por un valor de $19.600 millones, en el Valle del Cauca solo la Secretaría de Gestión de Riesgo comprometió cerca de $29.000 millones en 6 contratos y la Secretaría de Bienestar Social celebró 8 contratos por más de $12.000 millones. En Casanare, el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó $10.550 millones en 10 contratos y la Alcaldía del municipio de Uribia, en La Guajira, comprometió $9.200 millones en 8 contratos. Estos son apenas algunos ejemplos de contratos cuyos montos deberían llamar la atención de los contralores.

Otro aspecto inherente a la contratación y que resulta inquietante, es el relacionado con el pago de anticipos. El ranking por este concepto lo lidera Casanare con $4.930 millones, seguido de La Guajira con $3.860 millones y Sucre con $3.780 millones. Reitera la Auditora que, si bien pactar anticipos no es ilegal, estos deben utilizarse exclusivamente para atender el objeto y obligaciones del contrato respectivo y es ahí donde los órganos de control deben estar atentos para verificar que estos recursos no se desvíen para fines distintos, más aún cuando el 74% de los contratos se ejecutaron en menos de dos meses.

Si se tomara el valor de la contratación por departamento y se comparara con su población, es de esperarse que a mayor población, mayor inversión de recursos. Pero no sucede así en departamentos como La Guajira, Sucre, Meta y Santander, entre otros, en donde los valores contratados son superiores al promedio del resto de territorios.

En el mismo sentido, aparentemente a mayor población vulnerable debería haber mayor contratación para la atención del COVID-19. Sin embargo, departamentos como Valle del Cauca tienen valores menores de contratación que otros como Meta y Boyacá, a pesar de tener una población vulnerable 4 y 3 veces más grande que ellos, respectivamente.

De los 20 municipios con mayor contratación de la muestra, es llamativo que Coveñas, con una población de 20.000 habitantes, tiene contratos por más de mil millones de pesos, muy por encima de San Juan de Pasto, que tiene una población 21 veces mayor. Otros municipios con similar comportamiento son Neiva, Villavicencio y Cúcuta.

También se encuentran contradicciones en la relación entre la cantidad de recursos invertidos y la magnitud de la pobreza multidimensional. Según la muestra analizada, cuanto mayor es el índice de pobreza multidimensional, menor es la contratación para atender la pandemia. Municipios como Cartagena, Barbosa, Villa Rica, Cereté, Barrancabermeja, Simití y Sevia, caracterizados por los altos índices de pobreza de su población, presentan los menores valores de contratación con ocasión del COVID19. Caso contrario sucede en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Neiva y Cúcuta, en donde la pobreza es menor, pero el recurso invertido es más alto.

Si se analiza la muestra por objeto y costo, podemos ver ciertas anomalías. Por ejemplo, uno de los artículos de mayor comercialización por esta época es el tapabocas. El costo promedio de un tapabocas N95 es de $20.996. En la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un costo unitario de $48.000 pesos, ¿a qué obedecen estos posibles sobrecostos? se pregunta la Auditora General. En Villanueva (Santander) se compró una cantidad similar pero por un valor de 27.731 pesos, $7.000 por encima del promedio del precio del mercado, igual que en el municipio de Leyva (Nariño), en donde se adquirieron 60 unidades, o en Peque (Antioquia), lugar en el que se compraron 30 tapabocas a $24.910 cada uno.

Otro de los productos de mayor comercio ha sido el paquete de productos alimenticios o “mercados”. El costo promedio de los mercados, calculado por regiones, es de $60.720 pesos, pero se encuentran excepciones como la región del Pacífico, donde un mercado tenía un costo de $117 mil en promedio, o la región Centro Sur, con costo promedio de $100 mil.

Finalmente, la Auditora General de la República advierte que “Para algunos, puede que un sobrecosto de $1.000 sea insignificante, pero esos mil pesos sumados en cientos y miles de contratos también con sobrecostos, terminan impactando significativa y negativamente las arcas del Estado. La corrupción en mayores o menores proporciones es corrupción y no se puede tolerar, allí es donde deben intervenir, los organismos de control”.