Noticias 2020

Auditora General se reunió con Junta Directiva de Asdeccol

04 de junio de 2020

Evaluación de las contralorías, defensa del presupuesto de los organismos de control fiscal y hallazgos de la AGR en cumplimiento del ejercicio auditor, temas que hicieron parte de la agenda.

Bogotá, 4 de junio de 2020. En su tarea de promover la transformación del control fiscal del país y de coordinar acciones conjuntas que permitan su implementación y desarrollo, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, sostuvo reunión virtual con los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia –Asdeccol–.

Certificación de las contralorías y defensa del control fiscal territorial

En la charla se trataron temas fundamentales como la certificación de las contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, tarea que, conforme lo disponen el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, corresponde a la Auditoría General de la República –AGR–, y sobre la cual la Dra. Alma Carmenza manifestó que en el momento se está realizando el diseño y parametrización de los indicadores mediante los cuales se calificará a los órganos de control fiscal territorial, y que una vez establecida la metodología, la misma será ampliamente socializada entre todos los sectores de interés.

Respecto a la inquietud que tienen las contralorías por la amenaza latente de reducción de sus presupuestos por la situación fiscal que atraviesan departamentos, distritos y municipios, la Auditora declaró que es una preocupación que comparte con ellos e instó a los participantes a la reunión a actuar conjuntamente en la gestión y apoyo de iniciativas que promuevan el proyecto de fortalecimiento presupuestal que ordenó el Acto Legislativo 04 de 2019.

Hallazgos de auditoría

Una de las inquietudes que los representantes de Asdeccol presentaron en la reunión, fue la referente a los hallazgos de la Auditoría General de la República concernientes a acuerdos laborales suscritos por Asdeccol y otros sindicatos con contralorías territoriales, refiriéndose concretamente al caso de pagos completos por incapacidades médicas realizados en la Contraloría de Manizales.

En virtud de lo anterior, se informó a los asistentes que la posición de la Auditoría General de la República, es la siguiente:

a. El pago de parte del salario a los empleados públicos en situación de incapacidad por enfermedad no profesional es considerado por la ley y la jurisprudencia colombiana como una prestación social y no simplemente un auxilio económico. Entre otras, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, explícitamente lo consideran una prestación social.

b. El régimen prestacional de los empleados públicos en Colombia, por mandato constitucional, tiene expresa reserva legal y reglamentaria, en particular el artículo 150-19-e de la Constitución Política, desarrollado en la Ley 4 de 1992. Esta misma regla fue expresamente corroborada, entre otras, en sentencia C-315 de 1995.

c. El Decreto 1072 de 2015, vigente y actualmente cobijado por presunción de legalidad, en su artículo 2.2.2.4.4 sobre materias de negociación establece que, en materia prestacional, las entidades no tienen la facultad de negociar y concertar, toda vez que, por mandato constitucional y legal, la única autoridad competente para regular la materia, es el Presidente de la República.

En criterio del asesor externo que acompañó el desarrollo de la reunión, los pagos adicionales sobre la prestación de origen legal serían una prestación extralegal que, de cara al ordenamiento jurídico vigente, estaría totalmente proscrita. Lo anterior, en virtud de la reserva legal y reglamentaria sobre la materia, y por esto, esta es una de las materias que debe estar excluida de las negociaciones colectivas con sindicatos de empleados públicos, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015.

Frente al tema, la Auditora General fue enfática en afirmar que la AGR se encuentra estudiando la responsabilidad fiscal en casos concretos y, sólo cuando culmine dicho estudio, tomará la decisión de fondo que mejor se ajuste a derecho, la cual consultará todos los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal y, como es obvio, siempre con el debido respeto de las formalidades del procedimiento y de las garantías de los sujetos investigados, en particular sus derechos de audiencia, defensa y al debido proceso.

Así mismo, manifestó que Asdeccol siempre contará con la posibilidad de ejercer acciones judiciales como consecuencia de las decisiones de las contralorías territoriales que han ordenado la suspensión del pago del valor del salario no cubierto por las EPS cuando existen incapacidades médicas, de tal manera que una decisión de la Auditoría no constituye un prerrequisito para la presentación de tales acciones, pues es su derecho lograr un pronunciamiento en sede judicial, sobre este tema tan relevante.

Finalmente, los participantes en la reunión coincidieron en programar un taller sobre negociación colectiva en colaboración con la Academia Virtual de la AGR.

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Sin el debido control, urgencia manifiesta puede convertirse en oportunidad para la corrupción: Auditora General

27 de mayo de 2020

Al analizar información reportada en la aplicación SIA-Observa de la AGR, Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la República, pidió a las contralorías territoriales agudizar la vigilancia y actuar con oportunidad.
El control al uso de los recursos públicos para atender la pandemia requiere especial cuidado, advierte la Auditora.

Bogotá, 27 de mayo de 2020. Después de un exhaustivo análisis a la contratación pública realizada entre marzo y abril del presente año (información registrada en el aplicativo SIA-Observa), la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, llamó la atención a las contralorías territoriales, exhortándolas a agudizar la vigilancia de los recursos públicos destinados a hacer frente a la pandemia que actualmente azota a la humanidad: “Actuar con prontitud en estos momentos de crisis y entregar resultados oportunos a la ciudadanía, debe ser la prioridad de los organismos de control fiscal”, afirmó la Auditora.

De la muestra analizada, la cual alcanza los $577 mil millones, se encontró que los departamentos en donde más recursos se comprometieron fueron: Valle del Cauca con más de $50 mil millones a través de 222 contratos; Magdalena con más de $44 mil millones e, igualmente, suscribió 222 contratos y Cundinamarca con más de $41 mil millones distribuidos en 887 contratos.

“La situación de urgencia manifiesta es un mecanismo legal que procura la celeridad en materia de contratación, pero, sin el debido control, esta puede convertirse en una oportunidad para la corrupción. Así, la información que publicó la Auditoría en su portal web constituye un listado de alertas tempranas para orientar al control fiscal territorial”, señaló la doctora Alma Carmenza.

Si la información analizada se toma por entidades, llama la atención la magnitud del monto de algunos contratos: mientras que el Distrito de Barranquilla celebró 119 contratos por un valor de $19.600 millones, en el Valle del Cauca solo la Secretaría de Gestión de Riesgo comprometió cerca de $29.000 millones en 6 contratos y la Secretaría de Bienestar Social celebró 8 contratos por más de $12.000 millones. En Casanare, el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres ejecutó $10.550 millones en 10 contratos y la Alcaldía del municipio de Uribia, en La Guajira, comprometió $9.200 millones en 8 contratos. Estos son apenas algunos ejemplos de contratos cuyos montos deberían llamar la atención de los contralores.

Otro aspecto inherente a la contratación y que resulta inquietante, es el relacionado con el pago de anticipos. El ranking por este concepto lo lidera Casanare con $4.930 millones, seguido de La Guajira con $3.860 millones y Sucre con $3.780 millones. Reitera la Auditora que, si bien pactar anticipos no es ilegal, estos deben utilizarse exclusivamente para atender el objeto y obligaciones del contrato respectivo y es ahí donde los órganos de control deben estar atentos para verificar que estos recursos no se desvíen para fines distintos, más aún cuando el 74% de los contratos se ejecutaron en menos de dos meses.

Si se tomara el valor de la contratación por departamento y se comparara con su población, es de esperarse que a mayor población, mayor inversión de recursos. Pero no sucede así en departamentos como La Guajira, Sucre, Meta y Santander, entre otros, en donde los valores contratados son superiores al promedio del resto de territorios.

En el mismo sentido, aparentemente a mayor población vulnerable debería haber mayor contratación para la atención del COVID-19. Sin embargo, departamentos como Valle del Cauca tienen valores menores de contratación que otros como Meta y Boyacá, a pesar de tener una población vulnerable 4 y 3 veces más grande que ellos, respectivamente.

De los 20 municipios con mayor contratación de la muestra, es llamativo que Coveñas, con una población de 20.000 habitantes, tiene contratos por más de mil millones de pesos, muy por encima de San Juan de Pasto, que tiene una población 21 veces mayor. Otros municipios con similar comportamiento son Neiva, Villavicencio y Cúcuta.

También se encuentran contradicciones en la relación entre la cantidad de recursos invertidos y la magnitud de la pobreza multidimensional. Según la muestra analizada, cuanto mayor es el índice de pobreza multidimensional, menor es la contratación para atender la pandemia. Municipios como Cartagena, Barbosa, Villa Rica, Cereté, Barrancabermeja, Simití y Sevia, caracterizados por los altos índices de pobreza de su población, presentan los menores valores de contratación con ocasión del COVID19. Caso contrario sucede en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Neiva y Cúcuta, en donde la pobreza es menor, pero el recurso invertido es más alto.

Si se analiza la muestra por objeto y costo, podemos ver ciertas anomalías. Por ejemplo, uno de los artículos de mayor comercialización por esta época es el tapabocas. El costo promedio de un tapabocas N95 es de $20.996. En la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un costo unitario de $48.000 pesos, ¿a qué obedecen estos posibles sobrecostos? se pregunta la Auditora General. En Villanueva (Santander) se compró una cantidad similar pero por un valor de 27.731 pesos, $7.000 por encima del promedio del precio del mercado, igual que en el municipio de Leyva (Nariño), en donde se adquirieron 60 unidades, o en Peque (Antioquia), lugar en el que se compraron 30 tapabocas a $24.910 cada uno.

Otro de los productos de mayor comercio ha sido el paquete de productos alimenticios o “mercados”. El costo promedio de los mercados, calculado por regiones, es de $60.720 pesos, pero se encuentran excepciones como la región del Pacífico, donde un mercado tenía un costo de $117 mil en promedio, o la región Centro Sur, con costo promedio de $100 mil.

Finalmente, la Auditora General de la República advierte que “Para algunos, puede que un sobrecosto de $1.000 sea insignificante, pero esos mil pesos sumados en cientos y miles de contratos también con sobrecostos, terminan impactando significativa y negativamente las arcas del Estado. La corrupción en mayores o menores proporciones es corrupción y no se puede tolerar, allí es donde deben intervenir, los organismos de control”.

Descargar documento “Análisis de la contratación con ocasión de la urgencia manifiesta debido al Covid-19”.

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Reuniones virtuales con funcionarios de las embajadas ecuatoriana y brasileña,

AGR establece lazos de cooperación con Ecuador y Brasil

18 de mayo de 2020

Reuniones virtuales con funcionarios de las embajadas ecuatoriana y brasileña, plantean alianzas con organismos de control
Control fiscal en la pandemia, principal protagonista de los primeros acercamientos colaborativos.

Con el objetivo de promover alianzas e intercambio de buenas prácticas en función de resguardar el buen uso de los recursos públicos en medio de la pandemia, el pasado martes 12 de mayo se dieron cita a través de videoconferencia, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro; y el embajador de Ecuador en Colombia, Rafael Alfonso Paredes.

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión, está la designación de Marcelo Hurtado, Consejero de la Embajada, como contacto permanente entre la Contraloría General del Estado ecuatoriano y la AGR, para establecer conjuntamente protocolos de cooperación y futuras alianzas estratégicas.

Así mismo, se convino la realización de encuentros, conversatorios y conferencias virtuales para la promoción de experiencias exitosas y el desarrollo de proyectos de colaboración para la identificación de retos y oportunidades que, en materia de vigilancia y control de los recursos públicos, deben asumir las naciones para enfrentar la emergencia ocasionada por el Covid-19.

Acercamientos con entidades brasileñas

De otra parte, en reunión desarrollada con el Secretario de Sección Política de la Embajada de Brasil en Colombia, Marcos Paulo de Araújo Ribeiro, se establecieron nexos colaborativos para la promoción de procesos de participación social y control fiscal a través de cursos virtuales dirigidos a servidores públicos y ciudadanía en general.

La embajada brasileña establecerá espacios de acercamiento y cooperación entre el Tribunal de Cuentas de la Unión, entidad fiscalizadora superior de ese país suramericano, para el intercambio de experiencias en el seguimiento y control al uso de los recursos públicos.

Finalmente, se definió que una vez concluya el aislamiento preventivo obligatorio y se reanuden las actividades presenciales de las instituciones, embajadores de ambas naciones, Rafael Alfonso Paredes (Ecuador), y Luís Antonio Balduino Carneiro (Brasil), realizarán visitas oficiales a las instalaciones de la AGR.

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Auditora General manifestó respaldo a investigaciones y sanciones anunciadas contra quienes sacan provecho a la sombra de la urgencia manifiesta declarada por el Covid-19

"Esos funcionarios deshonran el Estado Colombiano y merecen castigos ejemplarizantes"

24 de abril de 2020

Auditora General manifestó respaldo a investigaciones y sanciones anunciadas contra quienes sacan provecho a la sombra de la urgencia manifiesta declarada por el Covid-19

La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, manifestó total respaldo a las acciones de tipo fiscal, disciplinario y penal anunciadas hoy en rueda de prensa por los representantes de los principales órganos de control del país

Igualmente, indicó que desde que el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia sanitaria, la Auditoría General dio precisas instrucciones a todas las contralorías territoriales, a las que instó a ejercer control inmediato a las inversiones con recursos públicos utilizados para atender la pandemia: “Resulta indispensable que por parte de las contralorías territoriales se haga un control inmediato a las inversiones producto de estas contrataciones, en procura de salvaguardar los recursos públicos utilizados con fundamento en la pandemia Covid19”, puntualizó la Auditora, al tiempo que les indicó: “hago un llamado a los jefes de los organismos de control fiscal territorial para que den cumplimiento a sus deberes constitucionales y legales de realizar vigilancia y control fiscal a cada peso del patrimonio público que sea invertido en sus territorios”.

Igualmente, a través de las diez gerencias seccionales de la Auditoría General, requirió a los órganos de control fiscal territorial para que informaran, en tiempo real, las contrataciones celebradas por la modalidad de urgencia manifiesta, que han venido ejecutando las alcaldías, gobernaciones y todas aquellas entidades del nivel territorial, en todos los rincones de la geografía colombiana.

“Es absolutamente inaceptable que algunos gobernantes y servidores públicos, quienes están llamados a dar ejemplo de honorabilidad y pulcritud en el manejo de los recursos del Estado, se sirvan de la emergencia para sacar provecho en beneficio propio; estos funcionarios deshonran el Estado Colombiano y merecen castigos ejemplarizantes”, expresó la Auditora General después de conocer el informe que con el nombre de “Transparencia para la emergencia”, entregaron en forma conjunta Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General.

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Auditoría General certificará anualmente gestión de las contralorías

19 de marzo de 2020

– Presidente Duque firmó decreto para implementación de la reforma al control fiscal

Con la firma del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, dio vía libre a la implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 que reforma el control fiscal colombiano.

Con la reforma, la Auditoría General de la República certificará anualmente a las contralorías territoriales y presentará a la Contraloría General la misma, para que ésta determine si procede o no la intervención administrativa de determinada contraloría territorial. Así mismo, la nueva reglamentación modifica el artículo 2 del Decreto Ley 272 de 2000, que establece el ámbito de competencia de la Auditoría General, ampliándolo a la vigilancia y control de la gestión fiscal de todas las contralorías del país, sin excepción, [General de la República, departamentales, distritales y municipales], así como de todos los fondos de bienestar adscritos a las mismas.

Reforma al control fiscal

El decreto 403 de 2020 desarrolla las disposiciones de los artículos de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, para el fortalecimiento del control fiscal.

Entre los aspectos que involucra están el control fiscal concomitante y preventivo, de exclusiva competencia del Contralor General de la República; la aplicación del control de resultados, de gestión y financiero; las competencias de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales; el control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal, entre otros.

En rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el Presidente Duque manifestó que esta reforma llega en un buen momento, pues permitirá poner en funcionamiento, en coordinación con la Contraloría General, las nuevas políticas de acompañamiento del control fiscal, para hacer seguimiento a las medidas que se han dado en el país para enfrentar la emergencia sanitaria presentada por la pandemia del coronavirus.

A su vez, el Contralor expresó su satisfacción por la expedición de “los decretos que hacen realidad el control preventivo, concomitante y posterior que da la cara a un nuevo control fiscal para el país”.

Función certificadora.

El Decreto en el Artículo 30 establece para la Auditoría General de la República como entidad que ejerce vigilancia y control a los organismos de control fiscal del país, la función de realizar la certificación anual de las contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las capacidades de éstas, para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones.

Para ello, la Auditoría podrá acceder sin restricción a la información de las contralorías y, por su intermedio, a la de sus sujetos vigilados, para medir los resultados de su gestión o cuando se presuma que en la misma pudo haber ocurrido daño patrimonial al Estado.

La Auditoría General de la República, en cabeza de la doctora Alma Carmenza Erazo Montenegro, recibe con beneplácito este nuevo mandato de orden constitucional e invita a todos los servidores del control fiscal a ejercer un control efectivo, eficaz y en tiempo real de los recursos públicos, para hacer realidad la transformación del control fiscal que motivó la expedición del acto legislativo y su reglamentación a través del decreto enunciado.

Documentos relacionados

Decreto 403 de 2020

Frente al coronavirus, funcionarios de la AGR trabajarán desde sus hogares

17 de marzo de 2020

La entidad emitió circulares para la implementación del trabajo en casa
Más de 200 servidores públicos de la sede central y las diez gerencias seccionales beneficiados con la medida
Se suspenden los términos administrativos a cargo de la AGR

En aras de proteger la vida, la salud y la integridad de más de 200 funcionarios de la Auditoría General de la República y sus núcleos familiares, la Auditora General, Alma Carmenza Erazo Montenegro, determinó hacer uso de las tecnologías e implementar el trabajo en casa y, con ello sumarse a las iniciativas que propenden por el control a la expansión del coronavirus Covid-19.

Para el efecto, la alta funcionaria expidió las circulares internas 010 y 011 de 2020, en las cuales se establecen, entre otros puntos, la suspensión de servicios al público, la activación de medidas sanitarias en todas sedes de la entidad, la flexibilidad laboral que permita a los servidores públicos de la AGR acceder en horarios con menor congestión en el transporte público y la implementación del trabajo en casa.

La Auditora instó a los funcionarios, contratistas y usuarios de la AGR a evitar la propagación del virus, tomando medidas de autocontrol como el autoaislamiento, el lavado constante de manos, limpieza y desinfección de celulares, y abstenerse de asistir a eventos masivos y realizar viajes nacionales o internacionales.

Suspensión de términos administrativos

Así mismo, mediante resolución reglamentaria 003 de 16 de marzo de 2020 la Auditora General de la República decidió suspender términos en todas las actuaciones administrativas a cargo del ente de control, como medida transitoria por motivos de salubridad pública.

La disposición, que rige del 17 al 27 de marzo de 2020, se tomó teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa del coronavirus Covid-19, y atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, y de las autoridades colombianas para evitar la propagación del virus.

En consecuencia, a partir de la fecha quedan suspendidos los términos para:

Derechos de petición: quejas, denuncias, reclamos, conceptos, denuncias de control fiscal, solicitudes de información, de interés general y particular;

Procesos disciplinarios;

Procesos fiscales: indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva.

Proceso auditor: ejercicios en curso, según Plan General de Auditorías –PGA 2020–.

La Auditora General manifestó además que la entidad se suma a la determinación de la Presidencia de la República de adoptar medidas preventivas, extraordinarias y temporales relacionadas con las comisiones de servicios y viajes de sus funcionarios.

Documentos relacionados

Resolución Reglamentaria 003 de 2020
Circular interna 011 de 2020
Circular interna 010 de 2020

Celebración 20 años de promulgación de Decreto 272 de 2000

20 años de autonomía de la Auditoría General

24 de febrero de 2020

Con una ceremonia religiosa, los servidores públicos de la Auditoría General de la República conmemoraron el 20 aniversario de la promulgación del Decreto Ley 272 de 2000, por el cual se determinó la organización y funcionamiento de la entidad y se le dotó de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal.

El Decreto, publicado en el Diario Oficial No. 43.905 del 22 de febrero de 2000, fue sancionado por el entonces Presidente de la República Andrés Pastrana Arango, atendiendo la iniciativa liderada por Álvaro Guillermo Rendón López, Auditor General en ese momento, y de su antecesor, Hernán Alonso Mazo Giraldo, para que se diera cumplimiento a la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional que con la emisión de sentencias como la C-110 de 1998 y, especialmente, la C-499 del mismo año, concluían que la Auditoria referida en el artículo 274 de la Constitución, debía contar con las garantías de autonomía que el Estatuto Superior deparaba a los órganos encargados de la vigilancia de la gestión fiscal.

“La institucionalización de la Auditoría General con la firma del Decreto 272 de 2000, es un hito en la transformación y desarrollo del control fiscal colombiano. De esa forma se atendió el sentir del Constituyente de 1991, origen de un organismo que continúa evolucionando y que está preparado para asumir los retos que vienen con la implementación de la reforma al control fiscal declarada a finales del año pasado”, declaró Alma Carmenza Erazo Montenegro, actual Auditora General de la República.

Auditoría General inicia su Plan General de Auditoría 2020

07 de febrero de 2020

Bogotá, 7 de febrero de 2020. Con la aprobación del Plan General de Auditorías –PGA–, la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal estableció los lineamientos que orientarán la ejecución del proceso auditor para la actual vigencia.

Según Luz Jimena Duque Botero, Auditora Auxiliar de la Auditoría General de la República y encargada de liderar la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal en esta primera etapa de gestión de la actual administración, la implementación del PGA 2020 se diseñó con el objetivo de auditar a los 67 organismos de control fiscal del país, sujetos de vigilancia.

“El ejercicio auditor que se ha programado, está orientado a la realización de auditorías que muestren la realidad de las contralorías del país, tanto en su labor misional como en los procesos administrativos y de gestión, enfatizando en la calidad de los productos generados, el mejoramiento de los procesos misionales y el recaudo en jurisdicción coactiva de las contralorías territoriales”, afirmó Duque Botero.

El Plan General de Auditorías 2020 inicia el próximo 17 de febrero a nivel nacional.

Documentos relacionados

AGR definió su Plan Estratégico Institucional 2020-2023

Transformado el Control Fiscal

23 de enero de 2020

Atendiendo a la Propuesta Programática presentada por la Doctora Alma Carmenza Erazo Montenegro, Auditora General de la República, el equipo directivo de la Entidad diseñó la plataforma estratégica institucional para el periodo 2020-2023, “Transformando el Control Fiscal”, la cual recoge los derroteros que marcan tanto las necesidades de su Grupo de Valor, es decir, de las contralorías territoriales, como las prioridades que plantea la reforma al Control Fiscal en el país. En esta medida, la Auditoría General de la República estableció los grandes desafíos y metas institucionales a lograr en el corto, mediano y largo plazo, así como las respectivas rutas de trabajo a emprender para hacer viable la consecución de dichos desafíos.

PEI 2020-2023

Siguiendo la metodología prevista en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se desarrolló el direccionamiento estratégico y como resultado se fraguó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2020-2023.

Con base en los elementos que surgieron de un análisis reflexivo de la propuesta programática y el establecimiento de su contexto estratégico, se definieron cuatro objetivos institucionales que se pueden observar en el primer capítulo. Estos objetivos están orientados a vigilar la implementación de la reforma al control fiscal, fortalecer el control fiscal territorial, mejorar la capacidad del talento humano para realizar el ejercicio auditor, y fortalecer la capacidad institucional de la propia AGR para responder a los grandes retos derivados de la reforma, así:

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 - Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2 - Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 - Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 - Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.

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