La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoció hoy como víctimas a la Auditoria General de la República y a la Contraloría General, dentro del proceso que se adelanta en contra de la ex contralora Sandra Morelli Rico por las presuntas irregularidades en la venta de la anterior sede de la Contraloría y el arriendo de las oficinas donde ese órgano de control funcionó en el edificio Gran Estación II en la capital de la República. 

La Auditoría General había solicitado en la audiencia de imputación de cargos que se realizó en contra de Morelli Rico, en septiembre de 2014, como presunta responsable de los delitos de peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, ser declarada víctima en defensa del patrimonio público. 

En julio de 2014 la Auditoría General formuló hallazgos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales, que superan los $76 mil 400 millones de pesos, tras la realización de la auditoría especial en la que se evaluó la gestión económica, jurídica, contractual, técnica y financiera del proceso de traslado de las sedes centrales de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de ese organismo. 

Durante el proceso la Auditoría General de la República logró determinar que aunque la Contraloría y la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público–, acordaron el traslado temporal para adecuar, modernizar y conservar la Torre Colseguros y el Edificio Cardenal Crisanto Luque, que eran las antiguas sedes de la Contraloría, no se llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplir con ese propósito por causas imputables directamente a la Contraloría General. 

En el informe elaborado por la Auditoría General se advirtió que los recursos públicos destinados al pago de los contratos de arrendamiento de la nueva sede y los contratos conexos (trasteo, avalúo del edificio Gran Estación II, rediseño de la instalación del cableado estructural en esta edificación, entre otros) no cumplieron con el fin propuesto.