La Contraloría General de la República, por solicitud de la Auditora General de la República, María Anayme Barón Durán, mediante la Resolución Ordinaria 80112-1618-2024 del 16 de enero de 2024, decretó la intervención funcional excepcional a proceso de responsabilidad fiscal.

El pasado mes de diciembre, la Auditora General de la República, actuando como sujeto calificado solicitó a la Contraloría General de la República la intervención funcional excepcional al proceso de responsabilidad fiscal N° 2023-080, que se adelantaba por parte de la Contraloría General de Santander en contra de los diputados de la Asamblea Departamental, relacionado con un presunto detrimento patrimonial por la diferencia en la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social de los diputados en cuantía de $ 107.289.383, motivando la solicitud en presuntas transgresiones al derecho al debido proceso e inobservancia de los requisitos de la Ley 610 de 2000, lo cual podría afectar la imparcialidad y objetividad del ente de control fiscal.

El trámite fue asignado a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la CGR, en los términos señalados en el Decreto Ley 403 del 2020.